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De qué se le acusa a Ken Paxton para que enfrente un juicio político

Negligencia y abuso de poder son dos acusaciones contra Paxton. Aquí explicamos los 20 artículos de los que se acusa al republicano

Ken Paxton, fiscal general del estado, es el primer funcionario electo en Texas que tendrá que enfrentar un juicio político en más de 100 años.

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El martes 5 de septiembre, Paxton enfrentará un juicio político ante el Senado de Texas donde se profundizará al respecto de diversas acusaciones en su contra, que incluyen soborno, abuso de poder y obstrucción de la justicia. El juicio político es resultado de una votación en la Cámara de Representantes del estado que acabó en 121-23, a favor de acusar al fiscal general del estado.

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Paxton niega haber actuado mal.

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Estos son los 20 artículos de los que se acusa a Paxton en el juicio político.

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Artículos I-V: Mal uso y abuso de poder

Los primeros cinco artículos del juicio político acusan a Paxton de utilizar su poder como fiscal general para beneficiar a Nate Paul, un empresario inmobiliario que ha sido donante de campaña del republicano. Paul está bajo acusación federal por cargos de hacer declaraciones falsas a prestamistas hipotecarios y cooperativas de crédito para obtener préstamos para sus negocios.

Paxton está acusado de ordenar al personal a su cargo que interviniera en una demanda entre la empresa de Paul y una organización sin fines de lucro de Austin. Esa intervención tuvo la apariencia de negociar en nombre de Paul, abogando por un acuerdo entre su compañía y la Fundación Roy F. y Joann Cole Mitte, según los administradores de la Cámara que lo procesarán. Paul es amigo de Paxton y realizó donaciones por $25,000 a su campaña en 2018.

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Mientras tanto, Paxton preparó una opinión legal no vinculante que pospuso la venta por ejecución hipotecaria en 2020 de hasta 13 propiedades de Paul. La oficina de Paxton había pedido al senador Bryan Hughes, republicano por Mineola, que presentara una solicitud de opinión legal que parecía hecha a medida para Paul, según documentos legales de los administradores de la Cámara. Sólo los funcionarios del gobierno pueden solicitar tales documentos, y Paxton rápidamente emitió una directiva que cerró la subasta de propiedades.

Según las acusaciones, Paxton supuestamente usó su oficina para ordenar la divulgación de documentos policiales relacionados con la investigación federal de Paul. En Texas, la oficina del fiscal general emite fallos no vinculantes cuando se cuestionan solicitudes públicas de documentos gubernamentales. Paxton intentó entregarle a Paul documentos del FBI proporcionados al Departamento de Seguridad Pública de Texas que normalmente están exceptuados de las leyes de información pública de Texas, según administradores de la Cámara.

Paxton ordenó en 2020 a una persona bajo su cargo en la fiscalía que le entregara documentos a Paul —aunque no está claro qué documentos se le proporcionó—, según las acusaciones. Sin embargo, los intentos de Paul de obtener los documentos del FBI cesaron poco después de que el empleado le entregara un sobre manila.

Finalmente, Paxton está acusado de contratar a un abogado siguiendo el consejo de funcionarios de alto rango de la agencia para realizar una investigación sobre las quejas que Paul presentó contra las autoridades, incluidos el FBI y el DPS, relacionadas con la redada y el registro de su casa y su negocio. El abogado, Brandon Cammack, intentó emitir 30 citaciones, pero fue frustrado después de que interviniera el personal de la oficina del fiscal general.

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Artículo VI-VIII: Incumplimiento del deber y los denunciantes

Ocho empleados de alto rango de la fiscalía general presentaron quejas en contra de Paxton ante el FBI, relacionadas con los tratos del fiscal general a favor de Paul. En respuesta, Paxton despidió a varios de los denunciantes. Otros dimitieron, según han dicho.

Cuatro de los denunciantes demandaron y en febrero llegaron a un acuerdo por $3.3 millones, que incluía una disculpa pública. La Legislatura se negó a gastar esa cantidad de dinero en el acuerdo. Sin embargo, la solicitud de fondos por parte de Paxton desencadenó la investigación de la Cámara de Representantes que finalmente condujo a su juicio político.

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Tres artículos acusan a Paxton de incumplimiento del deber y mala aplicación de recursos públicos relacionados con el trato que le dio a quienes lo denunciaron con la agencia federal.

Paxton está acusado de no tener motivos para despedir a los denunciantes, algo que prácticamente admitió en el acuerdo de conciliación propuesto. Según las acusaciones, Paxton utilizó recursos públicos para realizar una investigación “falsa” sobre las denuncias hechas en su contra, en la que su oficina lo exoneró de cualquier delito. Asimismo, Paxton ocultó información a los votantes sobre su presunta mala conducta al celebrar un acuerdo de conciliación para evitar un juicio público, según las acusaciones.

Artículos IX y X: Soborno

Los artículos IX y X giran en torno a los supuestos beneficios que Paul le proporcionó a Paxton.

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Paxton está acusado de hacer arreglos para que Paul contratara a la mujer con que supuestamente el fiscal general mantuvo una relación extramarital. El equipo de Paxton la identificó como Laura Olson en documentos legales. Una mujer con el mismo nombre había formado parte del personal de la senadora Donna Campbell, republicana por New Braunfels, durante varios años.

Las acusaciones aseguran que Paxton aceptó trabajos de remodelación hechos por Paul en su casa en Austin.

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Artículos XI-XIV: Supuesto fraude y obstrucción

Poco después de su toma de posesión en 2015, un gran jurado del condado de Collin acusó a Paxton de cargos penales por haber inducido a sus clientes a invertir en una empresa de tecnología de McKinney sin revelar que había recibido 100,000 acciones de su capital. Según las acusaciones, también dicen que canalizó clientes hacia la firma de inversión de un amigo suyo sin tener registro estatal.

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Paxton aún no ha sido juzgado por dichas acusaciones en ocho años. Su equipo legal ha retrasado el juicio, impugnando la sede. Los aliados de Paxton también presentaron una demanda sobre cuánto se le debería pagar a los fiscales especiales.

También se le acusa a Paxton de obstruir la justicia al retrasar el juicio e impedir que el público pudiera ver los hechos del caso. Este año, un juez dictaminó que enfrentará un juicio penal en el condado de Harris. Recientemente, el abogado defensor de Paxton dijo que el fiscal general podría llegar a un acuerdo de culpabilidad si es destituido del cargo.

Los artículos reiteran algunas de esas acusaciones penales contra Paxton. También lo acusan de no revelar todos sus intereses financieros en declaraciones que los funcionarios electos deben hacer públicas.

Los senadores votaron para posponer el juicio sobre los artículos de fraude de valores y otro artículo hasta que se aborden las acusaciones restantes.

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Artículo XV: Declaración falsa en informes sobre denunciantes

Este artículo acusa a Paxton de hacer declaraciones falsas o engañosas en un informe creado por su oficina en relación con las acusaciones de quienes lo denunciaron con la agencia federal. En ese informe, Paxton indicó que no cometió ningún delito y actuó de manera consistente con la conducta de fiscales generales anteriores en sus tratos con Paul.

Artículos XVI-XX: Negligencia e incapacidad

Los últimos cuatro artículos del juicio político son amplios y esencialmente establecen que la amplitud de las acusaciones en su contra deberían descalificarlo para el cargo.

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Alegan que conspiró para cometer delitos, utilizó inapropiadamente la autoridad de la fiscalía general para beneficiar a otros y actuó en contra del interés público. Afirman que las acusaciones lo incapacitan para el cargo y que sus acciones han socavado el título que ostenta.

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